La enseñanza concertada de Burgos impulsa la campaña «Más plurales, más libres, más iguales»

Esta mañana los colegios concertados sacarán un aula a la calle para protestar contra la aprobación de la Ley Celaá, que se votará hoy en el Congreso de los Diputados.

Más plurales

 

La Federación de Asociaciones de padres FECAMPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas Castilla y León y CECE de Burgos se han sumado a la Plataforma Más Plurales, desde la que se impulsa la campaña «Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos», que pretende defender la protección y la continuidad de la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la ley Celaá, LOMLOE, promovida por el actual Gobierno.

 

La Plataforma Más Plurales representa en Burgos a 19.000 alumnos, miles de familias y 30 centros educativos, el 35% de la educación de la comunidad autónoma. La LOMLOE, argumenta la plataforma, «vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa. Esta Ley, tramitada sin consenso y en un momento totalmente inapropiado y sin posibilidad de democracia social y participativa, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación».

 

Pupitres a la calle

 

Dentro de la campaña, la plataforma está organizando una serie de actividades para hacerse oír y manifestar su total desacuerdo con esta ley. Una de ellas se desarrollará hoy y consistirá en sacer unos pupitres a la calle para decir a la sociedad burgalesa que esta ley «nos echa a la calle».

 

Además, está previsto realizar una concentración ante la Subdelegación del Gobierno, respetando todas las normas sanitarias para evitar contagios, el día 24 de noviembre de 18:00 a 19:00 h, coincidiendo con la que se realizará en Valladolid. Además, se están repartiendo lazos de color naranja entre la comunidad educativa, y pancartas y lazos que lucirán en las fachadas o tapias y el interior de los colegios, y se están promoviendo concentraciones en los centros, pegada de carteles y difusión de la campaña en las redes sociales, entre otras acciones.

 

«Los niños no son una posesión del Estado»

 

Las organizaciones de Castilla y León representadas en la Plataforma Más Plurales entienden que la LOMLOE va en contra de la libertad de enseñanza  por numerosos motivos. En primer lugar, «elimina la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, sin valorar siquiera las opciones y el interés de las familias». La ley, dicen, «se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados».

 

En el comunicado elaborado por la Plataforma, denuncian igualmente que la ley Celaá «posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, e impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres».

 

«La LOMLOE vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que es la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. La incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un comisario político».

 

Por otra parte, mantienen que aunque la ley subraya los derechos de la infancia, «vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a las familias. Al contrario, las familias son los primeros agentes educativos a tener en cuenta. Los niños no son una posesión del Estado».

 

Asimismo, denuncian que la ley Celaá posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica por la Administración, ataca la educación diferenciada, abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición como opción pedagógica, y cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, incluso frente a las consideraciones de los profesionales y las familias.

 

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