Abusos sexuales en la Iglesia: así afronta el problema la diócesis burgalesa

«Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños». Con estas duras palabras, el papa Francisco se lamentaba ayer de los numerosos casos de abusos sexuales cometidos por el clero de todo el mundo en los últimos años. Un crimen que «genera hondas heridas de dolor e impotencia» en las víctimas, sus familias y toda la comunidad, sea creyente o no, tal como reflejaba en una carta dirigida a todo el Pueblo de Dios.

Los delitos de abusos sexuales a menores cometidos por parte del clero católico se cuentan a millares desde que se destaparan casos en Estados Unidos hace unos años, a los que se suman numerosas denuncias en Irlanda, Chile o Australia. Recientemente, un informe judicial de la Corte Suprema de Pensilvania documentaba las agresiones sexuales cometidas por 300 sacerdotes a cerca de un millar de niños durante los últimos 70 años. Las reacciones a las atrocidades no se han hecho esperar y el mismo papa Francisco argumenta que «nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado».

La herida es tan grande que la misma Santa Sede y numerosas diócesis han elaborado protocolos de actuación para evitar que se comentan en el futuro casos similares y poner en práctica una política de tolerancia cero ante este tipo de delitos. También el Arzobispado de Burgos publicaba en el último boletín oficial un decreto sobre prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores firmado por el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas. En él se marcan de una manera «sencilla y clara» las directrices a seguir en la Iglesia burgalesa para la «la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo específico de maltrato infantil». Unas indicaciones dirigidas especialmente a los sacerdotes pero también a todas aquellas personas que realizan una labor pastoral directa con niños y adolescentes, como catequistas, formadores, profesores o monitores de campamentos, entre otros.

Selección del personal y prácticas preventivas

El documento señala que la política de prevención comienza con la «selección de personal». En este sentido, además de las oportunas entrevistas previas, se exige que todas las personas que entren en contacto con menores deberán presentar el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales. Además, los sacerdotes, personal contratado y voluntarios firmarán un documento expreso donde señalan su repulsa a todo abuso contra menores y que si cometen cualquier acto de este tipo «lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realiza». La firma también conlleva participar en cursos de prevención y denuncia de estas prácticas.

El protocolo también enumera una serie de práctica preventivas para evitar abusos, violaciones o estupros. Entre ellas, eludir «muestras físicas de afecto», examinar a un enfermo sin la presencia de otro adulto o «llevar a cabo como norma una política de “puerta nunca cerrada”». Asimismo, el documento prohibe «absolutamente» la práctica de «juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse», así como «novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas».

Respaldo a las víctimas

El documento señala también el protocolo de actuación en caso de revelarse un caso de abuso a menores, en los que la denuncia es la única vía de opción, aún sin tener «la certeza» de que el menor esté siendo víctima de violaciones. Ante cualquier sospecha o revelación de abuso, será obligatorio informar a la Vicaría General. Será el Arzobispado quien notifique a los servicios especializados la información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal. «La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados», subraya la norma.

Por lo que refiere al ámbito eclesial, el protocolo pide llevar a la práctica las medidas propuestas por la Santa Sede y la propia normativa de la Conferencia Episcopal Española: proteger la libertad de los testigos y garantizar la buena marcha del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar para prohibir al clérigo acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la eucaristía.