El 58 Círculo de Silencio denuncia la desprotección de los menores extranjeros no acompañados

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La persistente lluvia no impidió que ayer se celebrase un nuevo Círculo de Silencio, el número 58, convocado por la Delegación de Pastoral de Migraciones. En esta ocasión se puso el foco en la situación de los menores extranjeros no acompañados que cada vez con más frecuencia llegan a nuestras costas, si bien las cifras que se ofrecen son dudosas. Los datos del Gobierno español señalan que hay más de 11.000 menores no acompañados en nuestro país, pero según la Fundación ‘Raíces’, «las contradicciones en los datos que se están ofreciendo es algo muy preocupante, pues habla del desgobierno que existe en lo que se refiere a las políticas de protección de menores. En España no sabemos cuántos menores nos llegan. No sabemos si los mismos menores están siendo contados varias veces por las diferentes comunidades autónomas por las que pasan».

En el manifiesto que se leyó durante el Círculo de Silencio, se denunció que «en España hay ocasiones en que se vulneran los derechos de los menores no acompañados permitiendo su ‘devolución en caliente’, dejándolos fuera de los recursos de protección con pruebas de determinación de la edad cuestionables (hay sentencias judiciales y quejas del Defensor del Pueblo), internándolos en los CIEs (48 casos reconocidos oficialmente en 2017), condenándolos a un limbo que obliga a las diferentes organizaciones a introducirlos en recursos para extranjeros adultos, y exponiéndolos a convertirles en “niños de la calle”».

Los convocantes pusieron de relieve que el hecho de que los menores desaparezcan del sistema de tutela no es algo extraordinario: 896 menores lo hicieron en 2016. «Detrás de esta cifra podemos ver un fallo en la respuesta que la sociedad da a los menores extranjeros, sin ofrecerles una formación y educación encaminada a lograr una vida digna, o haciéndoles temer por un absoluto abandono al llegar a la mayoría de edad».

Por todo ello, instaron a que se estudien fórmulas como el acogimiento familiar, al igual que se hace con los menores españoles, y la posibilidad de contar con rentas mínimas de inserción. También pidieron cambios en las formas de determinación de la edad, que se evalúen las necesidades de cada menor con proyectos educativos personalizados y que se dediquen más esfuerzos para mejorar la atención de los menores que sufren cualquier tipo de violencia doméstica, sexual, escolar o racial.