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Alrededor de 300 burgaleses respondieron a la convocatoria de la plataforma Más Iguales y salieron a la calle a protestar contra la ley Celaá, la LOMLOE, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, una concentración que tuvo que ser limitada por las medidas de prevención del covid.

Los manifestantes denunciaron que «no es tiempo de hacer leyes, no es tiempo de modificar innecesariamente y a capricho una ley sin escuchar a los expertos de educación sin el mínimo consenso social y político. No es tiempo de aprobar una ley que se hace con nocturnidad, porque no podemos quejarnos ni salir a la calle, no podemos expresar nuestra voz ni poner de manifiesto nuestros derechos fundamentales».

«Es una locura que en estos tiempos que vivimos nuestro gobierno se dedique a promover, potenciar y aprobar una nueva ley de educación, la octava en tiempos democráticos. Una ley que no garantiza los derechos fundamentales de la libertad, de la libre elección de centro educativo y que pone en riesgo el derecho fundamental a que nuestros alumnos se eduquen en un sistema plural, en el que todos tengamos cabida».

En su manifiesto, la plataforma defendió la complementariedad de las redes pública y concertada y expresó su rechazo al «modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición», pidiendo al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.

Asimismo, los manifestantes exigieron mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos. «La LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo», adujeron.

Igualmente denunciaron que, «a través del control político de la educación, asistimos a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada». Por último, reclamaron al Estado «la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos».