Cáritas Burgos responde a la movilidad humana forzada con un nuevo proyecto

La organización trabaja en dos líneas: fortalecimiento de los recursos existentes y sensibilización y capacitación de los agentes de Cáritas para afrontar la realidad de migrantes y refugiados.

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Durante 2017, prácticamente la mitad de las personas que se atendieron desde el Programa de Acogida de Cáritas Burgos eran extranjeras. Desde 2013 ya no existe programa de inmigrantes como tal, no hay diferencia entre la acogida a españoles o a extranjeros, pero sí se mantiene la especificidad de en dos líneas: alojamiento y asesoría jurídica. Los datos son elocuentes. De las 63 personas que participaron en el Programa de Vivienda el pasado año, 56 eran extranjeras, y de las 724 que recibieron asesoría jurídica solo 224 tenían nacionalidad española. De esos 500 extranjeros, 80 carecen de papeles (15 son extracomunitarios indocumentados, 61 son extracomunitarios en situación irregular y 4 son familiares de comunitarios, en definitiva, extracomunitarios en situación irregular).

 

Para dar respuesta a la realidad de estas personas, este mes ha echado a andar el proyecto llamado «Cáritas Burgos ante la movilidad humana forzada», que se desarrollará hasta julio de 2019 y que tiene dos vertientes: por un lado, el refuerzo de los recursos y servicios de acogida que ya existen (no se trata de crear otros nuevos) y, por otra, la sensibilización y capacitación de los agentes de Cáritas, trabajadores y voluntarios. Esther Angulo, coordinadora del proyecto, explica que se trata de dar una visión más amplia de la realidad de las personas inmigrantes, profundizar en los porqués, qué ocurre en sus países de origen, durante el tránsito, cuál es su situación en el país de destino, conocer las razones que han llevado a la persona a tomar esa decisión… «Una persona que trabaja en Cáritas tiene que tener clara una visión de la dimensión universal de la caridad», argumenta.

 

La coordinadora llama la atención sobre la situación de las personas en situación irregular, «especialmente sangrante», ya que no tienen derecho a asistencia sanitaria ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Cuando trabajan es en la economía sumergida, muchas veces sometidos a explotación laboral. Pero además, viven constantemente expuestos a ser expulsados. Esther manifiesta que «curiosamente, se acostumbran a vivir así, pero eso no deja de ser una losa que pesa sobre ellos». Algunos solicitan la condición de asilo para ganar tiempo, «al menos, hasta que se lo denieguen, tienen la regularidad asegurada». La mayoría están esperando que transcurran tres años para conseguir la regularidad por arraigo social. Antes de la crisis los arraigos eran más frecuentes, pero ahora es difícil que un empresario contrate a un inmigrante, y los pocos casos que se dan, en el servicio doméstico.

 

Por lo que se refiere a los refugiados, la educadora pone de relieve el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos europeos, incluido el español. De las 17.337 personas refugiadas que España se había comprometido a acoger antes del 26 de septiembre de 2017, al vencer el plazo solo habían llegado a nuestro país 1.983. En Burgos, en concreto, solo se contabilizaron 10 personas reubicadas y reasentadas en 2016 (a través de ACCEM y Cruz Roja) y ninguna en 2017.

 

Como aspectos positivos, Esther destaca el nivel de coordinación existente en nuestra ciudad y provincia en cuestión de Inmigración. Ella representa en la delegación diocesana de Pastoral de Migraciones a Cáritas, que también participa en la coordinadora de entidades que trabajan con personas inmigrantes, en la Plataforma Burgos con las Personas Refugiadas y en la comisión mixta por los refugiados convocada por el Ayuntamiento de Burgos.

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