Escuela concertada, escuela cuestionada

Imagen tomada en el colegio diocesano San Pedro y San Felices.

«De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro pueda ser parte de la libertad de enseñanza». Las palabras que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, pronunció hace algunas semanas durante la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas no han dejado indiferente a nadie. Con sus declaraciones, la titular de la cartera de Educación ponía en tela de juicio que el derecho a la elección de centro emane de la Constitución, olvidando la sentencia del Tribunal Constitucional que ya afirmó en una sentencia del 10 de abril de 2018 que «el derecho de los padres a la elección de centro docente es una vertiente específica del derecho a la educación, que también está vinculado con la libertad de creación de centros docentes». «Todo ello –concluía la sentencia– está enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución».

Aunque para el coordinador de los centros diocesanos de Burgos, Román Ángel Pardo Marinque, las palabras de la ministra eran «declaraciones para la galería» y que con ellas estaba «haciendo demagogia política en dependencia de los problemas que se avecinan a su partido para formar gobierno», lo cierto es que han causado cierto malestar e incluso «seria preocupación» en amplios sectores de la escuela concertada de la provincia.

Para Elena Sardiñas, presidenta de Fecampa en Burgos (la Federación Católica que aglutina a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) las palabras de la ministra suponen «un claro ataque a la concertada» además de ser «un mensaje contradictorio y con falta de solidez». Según sus reflexiones, podría ser «un primer signo de la nueva política del partido socialista en una posible coalición con Podemos». Una nueva derivada que, a su entender, no entraba en el programa del PSOE, que pretendía «garantizar un sistema educativo estable, basado en tres pilares básicos: equidad, inclusión y calidad». «Y aquí estamos todos, digo yo», sentencia sorprendida.

Para Sardiñas, «un Estado democrático y plural debe cuidar la demanda educativa que solicitan sus ciudadanos para que todos puedan elegir el centro que deseen». En efecto, esta libertad es la que lleva a estudiar en colegios católicos concertados a uno de cada tres alumnos en la provincia de Burgos. Sumados alcanzan la nada despreciable cifra de 19.055, el 35,2% del total. Estos centros, 29 en total, se integran en la plataforma «Escuelas Católicas», cuyo presidente en Burgos es Javier Pérez de la Canal. Este sacerdote jesuita asegura que la escuela concertada católica sigue siendo una gran opción para numerosas familias que «buscan una educación en valores humanos y cristianos y ven que el estilo educativo y la oferta de actividades les atrae». «Creo que lo más común es la calidad de enseñanza, por el proyecto de educación en valores, por la atención personal que encuentran y, por supuesto, por la identificación con el proyecto cristiano que ofrecemos. En la mezcla de estos factores está la decisión de los padres».

Para los padres, la escuela concertada ayuda a sus hijos a «desarrollar e interiorizar recursos, habilidades y destrezas que les faciliten su desarrollo personal y emocional; su relación con los demás y su responsabilidad para cuidar y mejorar el mundo que les rodea».

Según la presidenta de Fecampa, la escuela concertada católica ayuda a las familias a que sus hijos puedan desarrollar «una vida única, singular y llena de posibilidades». «Tener un hijo es siempre una responsabilidad», sostiene, y muchos padres apuestan por la concertada por ofrecer una educación que, a su juicio, les ayuda a «desarrollar e interiorizar recursos, habilidades y destrezas que les faciliten su desarrollo personal, emocional; su relación con los demás y su responsabilidad para cuidar y mejorar el mundo que les rodea».

Escuela pública

Con el amplio respaldo que sigue teniendo la escuela católica en nuestro país (con casi 1.300.000 alumnos, el 15% del total) son muchas las voces que no niegan la calidad de su enseñanza, sino que ponen en tela de juicio su modo de financiación, sosteniendo que si alguien quiere una educación distinta a la pública debería costearlo él mismo, siendo la pública la única escuela que financie el Estado. El actual sistema de conciertos se puso en marcha en 1985 con la aprobación de la LODE del gobierno que por entonces presidía Felipe González. Según indica Pardo Manrique, el coordinador de la pastoral de los cinco colegios diocesanos y el colegio Círculo Católico, de esta forma la escuela concertada es también escuela «pública, con recursos fundamentalmente del Estado, pero que con su existencia permite la libertad de los ciudadanos y ahorra una cantidad nada despreciable a las arcas del Estado», 11.700 millones de euros en el curso 2017-2018, según el último informe de ACADE, la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza.

«¿Por qué los impuestos que pagamos los padres pertenecientes a colegios concertados no van a ser invertidos en la educación de nuestros hijos por ir a un colegio concertado? Esto sería discriminar»

En efecto, con este sistema es la institución religiosa la que pone el terreno y el edificio y las reformas que se hagan en él. Y, como los gastos directos de enseñanza derivan de los poderes públicos, los centros concertados deben cumplir a rajatabla con la ley. Por eso, la escuela católica ya no es elitista como cuando era escuela propiamente privada y financiada íntegramente por las familias, sino que, más allá de «prejuicios y mitos», está abierta a todas las clases sociales e, incluso, a alumnos de otras confesiones religiosas: «En nuestros centros también caben alumnos de otras religiones o no creyentes», indica Pérez de la Canal. «Respetar las creencias de nuestros alumnos es una de las condiciones del concierto, de ahí que en algunos centros tenemos un número alto de alumnos de otras religiones, en concreto musulmanes». Por ello, según el jesuita, «el perfil de los alumnos que acuden a nuestros centros es muy variado. Hay centros que por el lugar donde están ubicados tienen un alumnado de clase social baja con muchos inmigrantes y otros que por su ubicación tienen un alumnado de clase media o media-alta».

«Los padres de los alumnos que eligen la enseñanza concertada católica tienen todo el derecho a que se financien esos colegios, ya que pagan sus impuestos como el resto de los españoles», señala de la Canal, algo con lo que también coincide la presidenta de Fecampa: «¿Por qué los impuestos que pagamos los padres pertenecientes a colegios concertados no van a ser invertidos en la educación de nuestros hijos por ir a un colegio concertado? Esto sería discriminar», justifica.

Además, prosigue, «la Constitución garantiza que toda la enseñanza obligatoria debe ser gratuita», algo que, a su entender, no se cumple ya que no dan la misma cantidad económica a un colegio público que a uno concertado:  «Además de no dar la misma cantidad de dinero en el concierto, tampoco podemos solicitar becas de comedor, transporte o servicio de madrugadores que en la educación pública si que está subvencionada, teniendo que asumir los padres de la concertada este gasto» junto a otros de mantenimiento o remodelación de edificios. «Estamos saliendo muy baratos al Estado», apostilla el jesuita.

Y ahora, ¿qué?

Analizado el panorama y ante el cuestionamiento al que se somete a la concertada cada cierto tiempo, los tres expertos consultados piden que ni la escuela concertada en particular ni la educación en general sean lugares «para experimentos ideológicos y pieza de intercambio político». «En la educación nos jugamos nuestro futuro y, para los políticos, cuanto más pasa el tiempo, más el futuro fue ayer, como nos ocurre a todos los entrados en años», comenta Pardo Manrique. De ahí que pida a los políticos «que sean transparentes con los ciudadanos: la escuela concertada ahorra mucho dinero al Estado y surge la cuestión. ¿De dónde recortarían para mantener todas las plazas educativas? La respuesta no es tan difícil de adivinar», advierte.

Por su parte, Elena Sardiñas pide al futuro gobierno adentrarse en problemas reales (fracaso y abandono escolar, desajustes en contenidos en los planes de estudio entre comunidades, bullying, fomentar la creatividad…), en diagnosticarlos y por encontrar soluciones, que es lo que necesita la educación. Es una pena que ahora mismo lo que se está debatiendo en educación es si puedes elegir colegio o no, en vez de cómo hacer mejores colegios», lamenta, a la vez que pide «que la educación no se diseñe según el partido político que gobierna, sino que fuera completamente independiente, dirigido por expertos».