Docentes y padres de alumnos reclaman la paralización de la nueva ley educativa

Imagen tomada en el colegio diocesano San Pedro y San Felices.

Profesores, colegios, padres y madres de alumnos y delegaciones de Enseñanza de las diócesis del país han alzado su voz esta semana contra lo que consideran una tropelía a los cauces parlamentarios de la tramitación de la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación  (conocida como Ley Celaá) promovida por el gobierno. El pasado lunes, Twitter se convirtió en la plaza pública donde más de 100.000 mensajes denunciaron lo que consideran una «ley injusta, aprobada con nocturnidad y alevosía, sin contar con la comunidad educativa», tal como se leyó en muchos de los tuits publicados y que se convirtieron en tendencia durante prácticamente toda la jornada. Docentes y padres y madres de familias denunciaron así «las prisas» de la ministra Isabel Celaá en la tramitación de una ley, aprovechando el «estado de alarma», que no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa y que margina a la escuela concertada y la clase de Religión.

La nueva ley de educación supone «un ataque a la libertad en ámbitos que afectan a la elección de centro educativo o a la asignatura de Religión en los colegios», relata Manuela García, delegada de Enseñanza de la diócesis de Burgos. En efecto, la nueva normativa pretende acabar con la demanda social como medida para la elección de centro, con la educación diferenciada, con la asignatura de Religión e imponer otra «educación para la ciudadanía». «La iniciativa #StopLeyCelaa –relata García– quería manifestar que no se comparten ni las formas ni el fondo de la propuesta ministerial y por tanto reclama la paralización de la ley».

A su parecer, «es extraño que en estas circunstancias de confinamiento se pretenda implantar una ley que merece ser dialogada y estudiada con sosiego», argumenta, mientras señala que desde que comenzó la Democracia en el país esta sería la octava ley educativa: «Ello demuestra la inestabilidad y la necesidad de mirar al pacto global educativo», denuncia. «Es necesario también que se perfile una ley que respete los derechos fundamentales de los diferentes colectivos implicados: libertad de elección de centro, mantenimiento de centros de educación especial y dignificación de la clase de Religión».