La celebración instaurada por Naciones Unidas para conmemorar el Día de los Derechos de la Infancia, el 20 de noviembre, tiene este año un acento especial para Cáritas Diocesana de Burgos, que se une a la campaña promovida por esta entidad a nivel nacional, y que tiene como lema «Corazones por la infancia». Los menores a los que atienden, que son cerca de un millar en sus centros de Burgos, Miranda, Aranda, Villarcayo y Lerma, han sido de los más perjudicados por una situación en la que han acatado las normas con un gran sentido de la responsabilidad.

Durante los meses de confinamiento, desde marzo a junio, sus centros permanecieron cerrados, y dirigieron su intervención al acompañamiento por teléfono o internet. Para Mónica Martínez, responsable del programa a nivel provincial, los problemas más graves que han tenido que afrontar niños y adolescentes en riesgo de exclusión han sido «la falta de acceso a internet, la escasez de recursos tecnológicos, el desconocimiento y la falta de alfabetización digital de los menores y sus padres o las dificultades de los colegios para atender de forma más individualizada los casos más complejos».

Ante esta realidad, en Cáritas la actividad no se detuvo, sino que se adaptó, poniendo en marcha el seguimiento telefónico con los menores y sus familias, la entrega de material -deberes escolares, portátiles, tablets- y la coordinación con los centros escolares. Además, subraya Martínez «la labor imprescindible de los voluntarios, que han tratado de seguir con su labor a pesar de las dificultades, cumpliendo las medidas de seguridad prescritas pero sin olvidarse en ningún momento de los que más ayuda necesitan».

Vulneración de derechos

Desde el programa de Infancia, señalan que los menores «fueron los primeros en sufrir la interrupción en sus actividades, los últimos en poder salir a la calle, los primeros sospechosos de ser grandes contagiadores y aquellos a los que se ha culpabilizado por no cumplir las normas». Para la responsable de Infancia de Cáritas, «se ha dejado de lado el derecho a la educación, agravando todavía más la brecha educativa y digital que ya afectaba a las familias vulnerables; el derecho al juego, con el cierre de parques y actividades de ocio; el derecho a la prevención, al no contemplar recursos en los presupuestos ni ayudas específicas; el derecho a la protección, con familias que han padecido falta de trabajo, de alimentos, de suministros y, en algunos casos, un incremento en la violencia familiar».

La campaña «Corazones por la infancia» quiere subrayar estas vulneraciones de derechos, y también sensibilizar a la población. Desde la entidad se considera que la infancia es, no ya el futuro, sino el presente, y debe incidirse en el trabajo con este colectivo para conseguir su integración plena en la sociedad.

Prosiguiendo con su ejercicio de transparencia, y aunque no haya ningún decreto o cláusula al respecto que obligue a ello, la diócesis de Burgos hace pública la lista de bienes inmuebles inmatriculados en los últimos años, según el procedimiento establecido en la ley hipotecaria. Así, entre 1998 y 2015 el Arzobispado de Burgos ha inmatriculado un total de 2.480 inmuebles, que hacen referencia a iglesias (857), ermitas (231), centros parroquiales (31) y casas rectorales (182) y cementerios (389), así como centros de acogida de Cáritas (4) y albergues (4). En el caso de Burgos, las inmatriculaciones se han hecho con carácter general a favor de las parroquias y no del propio Arzobispado, visibilizando de este modo la vinculación de las comunidades parroquiales con su propio patrimonio. El 68,55% del total de inmuebles inmatriculados hacen referencia a edificios de uso religioso (1.700); el resto, el 31,45%, hacen referencia a fincas rústicas [ver resumen].

A través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia en Burgos ha podido inscribir por primera vez bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad sobre los cuales no existía título escrito de dominio. De este modo, «la inmatriculación es un procedimiento que permite jurídicamente que un inmueble que ya es propiedad de la Iglesia pueda acceder al registro de la propiedad», argumenta Rodrigo Sáiz, responsable jurídico de Inmuebles del Arzobispado de Burgos. «Puesto que la Iglesia ya es dueña, puede a través de un certificado solicitar del registrador que le inscriba el inmueble en el registro. Para ello, debe haber un certificado catastral previo que atribuya la titularidad a la Iglesia», insiste el abogado, para quien la inscripción registral «otorga ciertas ventajas a quien tiene inscrito su derecho de propiedad» y que facilita algunos procedimientos, como intervenciones o prestación de inmuebles para algunos eventos: «Es evidentemente bueno que cuando nos encontramos con una necesidad de actuación en un edificio con carga histórica y artística se sepa perfectamente quién es el titular, a los efectos de trazar un plan de actuación».

Procesos de inmatriculación

A finales del siglo XIX, a consecuencia de las leyes de Desamortización y la transmisión de muchas propiedades de la Iglesia, comienza una época en la que se pretende regular las propiedades tanto estatales, como eclesiásticas y privadas. En 1860, durante el reinado de Isabel II, se impuso a las diócesis inventariar por triplicado sus propiedades. Más tarde, en 1861, se publica la Ley Hipotecaria y se crea por primera vez el Registro de la Propiedad, permitiendo la inscripción de bienes eclesiásticos basada en el certificado de posesión emitido por las diócesis dos años antes.

En 1946, se redacta el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, permitiendo a la Iglesia Católica, «cuando carezca de título escrito de dominio», inmatricular fincas «que les pertenezcan» mediante la «oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos». Este artículo, sin embargo, exceptuaba la inscripción de los templos católicos, por resultar obvio que eran propiedad de la Iglesia católica desde tiempo inmemorial. Esta excepción, por resultar inconstitucional con respecto a otras confesiones religiosas que sí debían inmatricular sus centros de culto, se vio modificada en 1998, abriendo así un proceso por el que se obligaba a la Iglesia católica a inmatricular en el registro de la propiedad todos sus bienes, tanto los destinados al culto como fincas y otro tipo de propiedades.

Educación

• Diario de Burgos: La Salle saca un aula a la calle contra la Ley Celaá
• Burgos Noticias: La Salle de Burgos saca un aula a la calle en defensa de la libertad de educación
• Canal 54: La Salle sale a la calle contra la Ley Celaá
• CYLTV: La Salle protesta contra la Ley Celaá

Provincia

• Diario de Burgos: 16.600 € recaudados para restaurar la iglesia de Fuenteodra
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• Diario de Burgos: Carcedo devuelve la vida a su iglesia tras 40 años cerrada
• Gente en Burgos: Fuenteodra (Burgos) inicia una campaña de recaudación de fondos para salvar a su iglesia de la ruina
• Canal 54: Fuenteodra lanza un ‘SOS’ para salvar su iglesia
• Cope Burgos: Los siete vecinos de Fuenteodra (Burgos) reúnen 11.000 euros en 20 días para salvar su iglesia

Sociedad

• Europa Press: El obispo Mario Iceta en el libro ‘Servidor de todos’: «Siempre he tenido como modo de hacer el evitar rupturas»
• El Correo de Burgos: Un millón de euros para las ayudas de urgencia social
• Burgos Noticias: El 79,25% del presupuesto para ayudas de urgencia social ya está comprometido y casi el 88% de las solicitudes son concedidas
• Noticias de Burgos: Las ayudas de urgencia social se han comprometido ya en un gasto de 951.000€
• Burgos Conecta: CSIF dona mil euros al Banco de Alimentos de Burgos
• Burgos Noticias: CSIF dona mil euros al Banco de Alimentos de Burgos y anima a participar en la recogida de alimentos de estos días
• Burgos Noticias: La XVI Edición de la Semana Solidaria logra recaudar 1.164€

VIII Centenario Catedral

• Cope Burgos: La Catedral de Burgos albergará una escultura de Santo Domingo de Guzmán por el VIII Centenario de su muerte
• Ecclesia: Constituida la comisión para el VIII Centenario de la muerte de santo Domingo de Guzmán

La Federación de Asociaciones de padres FECAMPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas Castilla y León y CECE de Burgos se han sumado a la Plataforma Más Plurales, desde la que se impulsa la campaña «Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos», que pretende defender la protección y la continuidad de la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la ley Celaá, LOMLOE, promovida por el actual Gobierno.

La Plataforma Más Plurales representa en Burgos a 19.000 alumnos, miles de familias y 30 centros educativos, el 35% de la educación de la comunidad autónoma. La LOMLOE, argumenta la plataforma, «vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa. Esta Ley, tramitada sin consenso y en un momento totalmente inapropiado y sin posibilidad de democracia social y participativa, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación».

Pupitres a la calle

Dentro de la campaña, la plataforma está organizando una serie de actividades para hacerse oír y manifestar su total desacuerdo con esta ley. Una de ellas se desarrollará hoy y consistirá en sacer unos pupitres a la calle para decir a la sociedad burgalesa que esta ley «nos echa a la calle».

Además, está previsto realizar una concentración ante la Subdelegación del Gobierno, respetando todas las normas sanitarias para evitar contagios, el día 24 de noviembre de 18:00 a 19:00 h, coincidiendo con la que se realizará en Valladolid. Además, se están repartiendo lazos de color naranja entre la comunidad educativa, y pancartas y lazos que lucirán en las fachadas o tapias y el interior de los colegios, y se están promoviendo concentraciones en los centros, pegada de carteles y difusión de la campaña en las redes sociales, entre otras acciones.

«Los niños no son una posesión del Estado»

Las organizaciones de Castilla y León representadas en la Plataforma Más Plurales entienden que la LOMLOE va en contra de la libertad de enseñanza  por numerosos motivos. En primer lugar, «elimina la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, sin valorar siquiera las opciones y el interés de las familias». La ley, dicen, «se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados».

En el comunicado elaborado por la Plataforma, denuncian igualmente que la ley Celaá «posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, e impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres».

«La LOMLOE vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que es la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. La incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un comisario político».

Por otra parte, mantienen que aunque la ley subraya los derechos de la infancia, «vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a las familias. Al contrario, las familias son los primeros agentes educativos a tener en cuenta. Los niños no son una posesión del Estado».

Asimismo, denuncian que la ley Celaá posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica por la Administración, ataca la educación diferenciada, abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición como opción pedagógica, y cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, incluso frente a las consideraciones de los profesionales y las familias.

El próximo 6 de agosto de 2021 se cumplirán 800 años de la muerte del patrón de la provincia de Burgos y fundador de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán. Y para conmemorar esta efeméride, ayer se constituyó en su localidad natal, Caleruega, una comisión para organizar los actos que se desarrollarán durante el próximo año, presidida por el prior del convento calerogano de Santo Domingo O.P., y con el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Lorenzo Rodríguez, como vicepresidente. En ella participan la orden de dominicos, el Ayuntamiento de Caleruega, la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León y la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, que es la entidad que promueve esta conmemoración, que coincidirá en el tiempo y en el espacio con el VIII Centenario de la Seo castellana.

Entre las propuestas planteadas en esta primera reunión destacan la inauguración en la Catedral de Burgos de una escultura de Santo Domingo de Guzmán creada por el dominico Alfonso Salas y la celebración del capítulo provincial de la orden mendicante, que abarca a religiosos de España, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires y Guinea Ecuatorial.

Una gran exposición y un itinerario cultural europeo en el horizonte

También se ha pensado en realizar una gran exposición sobre la figura del santo burgalés en Caleruega, que llevaría asociado un ciclo de conferencias. Asimismo, entre las actuaciones contempladas habría alguna exposición más, conciertos de música clásica, encuentros de poblaciones que tienen a Santo Domingo como su patrón y de universidades dominicanas, y la creación de un itinerario cultural europeo con las localidades vinculadas al santo.

El convento de Santo Domingo de Padres Dominicos acogió una reunión en la que participaron Lorenzo Rodríguez, Raquel Contreras, Nicasio Gómez y Purificación Rueda por parte de la Diputación Provincial; José Ignacio Delgado, en representación de las Cortes de Castilla y León; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz; la alcaldesa de Caleruega, Lidia Arribas; el prior del convento, Arsenio Gutiérrez O.P.; el secretario y el responsable de Patrimonio de la Provincia de Hispania de padres dominicos, Juan Carlos Cordero e Iván Calvo, respectivamente; y, por parte de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, su vicepresidente, Antonio Miguel Méndez Pozo, su secretario, José María Vicente, su directora general, Piluca Gil, y el presidente de su Consejo Asesor, René Payo.