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Burgos fue una de las primeras diócesis en España que elaboró protocolos de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. En 2019, se puso en marcha una oficina de protección de menores y personas vulnerables que hayan sido víctimas de tales agresiones. Este departamento pretende no sólo recibir denuncias de casos que se hayan producido en ámbito eclesial, sino también de víctimas de cualquier tipo de violencia en otros lugares. Además, trabaja por la «absoluta erradicación de este tipo de conductas a través de la prevención», tal como explica su actual directora, Mercedes Hernández.

«La oficina avanza hacia la consecución de un objetivo fundamental: que estas conductas no se vuelvan a producir. No podemos hacer desparecer el pasado, sólo podemos pedir perdón y hacernos cargo de las consecuencias de estas conductas. Lo que sí debemos exigir y lo que tenemos como objetivo y propuesta decidida es que estas conductas no se produzcan más», subraya esta abogada. En esta clave, insisten en «la prevención, la identificación de signos reveladores de abusos y la puesta en marcha de prácticas para que nuestros espacios sean entornos seguros». «El objetivo de la Iglesia es la tolerancia cero de estas conductas», insiste.

Por eso, esta oficina ha puesto en marcha un curso de formación obligatoria para los sacerdotes diocesanos, donde se les trasladan algunas buenas prácticas para evitar abusos y se les ofrecen pautas para saber detectar posibles casos y cómo actuar ante ellos. El curso, en el que ya participaron ayer algunos sacerdotes y se repetirá en otras dos sesiones, conjuga elementos jurídicos, psicológicos y éticos.

A través de esta formación, los sacerdotes conocen algunos indicadores para detectar si alguien pudiera estar siendo víctima de abusos o si alguien podría ser un posible agresor. También –y en el marco de la legislación civil y canónica– se les trasladan una serie de «buenas prácticas» a implementar con los responsables de las acciones pastorales en parroquias y centros de tiempo libre, como la política de puertas abiertas, la formación de los agentes de pastoral (que deberán acreditar un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual), la creación de delegados de protección en sus actividades y la obligación de denunciar a la fiscalía la detección de posibles casos.

Para Mercedes Hernández, «el principio de protección del menor tiene que estar en el centro de nuestra conducta a través de la atención continua y en todo momento, el cuidado y el respeto». «Tenemos que hacer ver que la vida del niño es un regalo para toda la comunidad, sus padres confían en nosotros y nosotros hemos de responder a esta confianza».

«La voluntad de la Iglesia es la protección de la víctima, la solicitud de perdón, el acompañamiento en el plano psicológico, espiritual y en la reparación», insiste la abogada. Y para lograrlo, hay que «partir de los principios evangélicos que ponen la persona en el centro», «respetando su dignidad y la denuncia de sus situaciones de vulnerabilidad». Son las líneas de acción que están inspirando toda la actuación de la Iglesia, desde el Papa a las conferencias episcopales y diócesis de todo el mundo: «la búsqueda activa y eficaz para que esto no se produzca nunca más».