La escuela concertada reclama una financiación más equilibrada

La inflación y los altos precios relacionados con la energía suponen todo un desafío para las escuelas de titularidad católica y para las familias que eligen este tipo de educación para sus hijos, con un aumento considerable de los costes de los diferentes materiales, libros y de los servicios escolares, como comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares. El módulo de conciertos cada año es más deficitario, aumentando la pérdida de poder adquisitivo y el diferencial con la inflación acumulada. Por eso, la patronal de las Escuelas Católicas en Castilla y León reclama un aumento de la partida presupuestaria de «otros gastos» con la que la consejería de Educación en la región financia el personal no docente, el equipamiento necesario para la labor educativa y el mantenimiento de luz, calefacción y reparaciones ordinarias de los centros educativos. «El módulo de conciertos es insuficiente para contrarrestar la inflación y se hace más necesario que esta partida crezca», solicita Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.

En mayo se inició una comisión para el estudio del coste real del puesto escolar e impartición de la enseñanza, pero aún no se sabe nada de ese trabajo, y con los cambios de gobierno peligra su desarrollo. Desde Escuelas Católicas reiteran en que se cumpla este compromiso que ya se lanzó en 2006 de realizar un estudio riguroso sobre el coste real para actualizar la financiación de la concertada. La patronal vuelve a denunciar la grave situación económica por la que atraviesa la inmensa mayoría de los centros concertados, puesto que la cuantía del concierto percibida por la Administración no cubre ni el 50 por ciento de los gastos de funcionamiento de estos centros, que acaban asumiendo las instituciones que los desarrollan.

Además de los sobrecostes, otro de los desafíos del curso será la implantación total de la LOMLOE, «una ley que se impuso sin consenso ni negociación, y que se introduce plenamente ya». En Castilla y León la elección de centro está garantizada, pero la nueva ley «limita la libertad de elección de las familias y discrimina a la enseñanza concertada», denuncia Roldán mientras solicita una vez más «un pacto educativo entre todos los actores del sector que permita de forma consensuada futuras transformaciones del sistema educativo sin depender de los cambios de gobierno». «Elegir un centro de Escuelas Católicas o cualquier otro colegio concertado permite a la sociedad disfrutar de un sistema educativo con libertad, con pluralidad, con equidad y con calidad. Y por eso es necesario preservar la libertad y agilidad de nuestros centros y proyectos educativos, a través de un módulo de conciertos justo y que financie el coste real del puesto escolar, ya que sin él se antoja casi imposible seguir siendo una escuela accesible y disponible para quién libremente quiera elegir un colegio concertado», indicó el delegado provincial de Escuelas Católicas en Burgos, Víctor Mendiguchia.

Salud mental, formación profesional y gratuidad en infantil

A pesar de las dificultades, la patronal de los colegios católicos se muestra satisfecha en otros ámbitos. Agradece el respaldo del 29% de las familias de la región, que elige estos centros para la educación de sus hijos. El dato aumenta al 34% en la provincia de Burgos, con 18.944 alumnos y 1.735 profesionales en sus aulas. La cifra de alumnos disminuye ligeramente un 0,2% con respecto al curso anterior, un descenso moderado con la llegada de alumnos a la nueva etapa gratuita de Infantil 1-3 años, financiada en 14 centros en la provincia, con 37 unidades y unos 430 alumnos.

También valoran positivamente la mejora de la dotación horaria para el desarrollo de la orientación en centros concertados. Una decisión de la administración que demuestra su esfuerzo por mejorar las condiciones de la educación concertada y hace posible que se pueda llevar a cabo el Plan de Salud Mental anunciado en marzo por el presidente de la Junta y que permitirá labores de prevención y detección de situaciones de riesgo en el alumnado. Además, seis unidades de formación profesional serán financiadas en la región.