1.490. Es el dato con el que Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio, cifra el número de inmuebles con los que cuenta la archidiócesis de Burgos, sin sumar casas rectorales y monasterios. Millar y medio de tejados que suponen un valor cultural, artístico y patrimonial difícil de mantener y a cuya tarea desgasta su tiempo desde hace tres décadas. Asegura que el futuro de tal legado patrimonial es «negro e incierto», aunque tras echar la vista atrás, reconoce que casi siempre ha sido así: «El Patrimonio seguirá salvándose a pesar de las dificultades, porque siempre seguirá habiendo inquietud por parte de los organismos, la sociedad y las parroquias y continuará conservándose. Cada iglesia que arreglemos es una más restaurada y una menos que estará en la ruina», explica, mientras considera que el volumen de templos es tan elevado que lo califica como «losa pesada». Todo ello sin olvidar el cuidado de los bienes que albergan, entre retablos, pinturas, esculturas y obras de orfebrería.
La inmatriculación de los inmuebles a nombre de la Iglesia la hace responsable de su gestión y conservación –«que harta carga es»–, aunque el delegado de Patrimonio sostiene que eso no signifique que tenga que cubrir con todos los gastos de su mantenimiento y rehabilitación. «Una vez restaurado, está al servicio y beneficio de todos. Cuando alguien aporta algo en el arreglo de una iglesia ahí queda, nadie se va a llevar el templo con ruedas, y la Iglesia, como garante y propietaria, lo pone al servicio de toda la sociedad», argumenta.
Por eso, en los 29 años que lleva al frente de la delegación de Patrimonio, Álvarez Quevedo ha sido testigo de los más diversos medios con los que salvaguardar el patrimonio histórico artístico de los pueblos de la provincia. Un ejercicio de ‘política’ a varias bandas en el que participan distintos protagonistas, como el ministerio de Cultura, con la financiación de algún apoyo de gran calado, sobre todo en la catedral, o la Junta de Castilla y León, que colabora, sobre todo, en la rehabilitación de edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural, 85 en la provincia. Diputación, ayuntamientos, parroquias y Arzobispado son los otros grandes promotores de la restauración de edificios. Además del conocido como ‘Convenio de las Goteras’, Álvarez Quevedo señala que el ente provincial tiene interés en «diversificar los recursos» y destinarlos no sólo a restauración de iglesias, sino, también, a elementos tradicionales, como retablos, en una «proyección que antes no existía y que demuestra una ampliación de las ayudas». En el acuerdo de las ‘Goteras’, los ayuntamientos también se implican aportando su cuantía correspondiente, al igual que las parroquias. En muchos casos, son incluso los propios feligreses los que promueven campañas de micromecenazgo para la recuperación de algunos de los bienes de sus templos, como los que impulsan Quintanilla de Rio Fresno, Masa, Villamorón, Escalada, Valdezate o Busto de Bureba, entre otros. También hay ayudas específicas y campañas especiales para obtener recursos, como ‘Pro Templos’, que se celebra cada mes de agosto en todas las parroquias.
«El Patrimonio seguirá salvándose a pesar de las dificultades, porque siempre seguirá habiendo inquietud por parte de los organismos, la sociedad y las parroquias y continuará conservándose»
Como explica Álvarez Quevedo, a la hora de restaurar los bienes eclesiásticos, el papel de los donantes es fundamental, y hay que respetar los donativos que quieren invertir en la rehabilitación de ciertos bienes, aunque no sean los más urgentes ni necesarios. Con todo, los recursos siempre son limitados y por eso están naciendo nuevas propuestas con las que conseguir fondos para la recuperación del Patrimonio, como las fundaciones: «Las parroquias y las entidades con cif religioso reciben cada vez menos fondos públicos, que se invierten, como es lógico, en sanidad, educación o arreglar carreteras. Por eso se proyectan otros sistemas de ayuda que son las fundaciones», donde varios patronos se alían para aportar recursos, conseguir financiación y lograr otro tipo de intervenciones.
La demanda es, por tanto, grande. Existen cerca de cincuenta templos en riesgo de ruina inminente y entre cuarenta y cinco y cincuenta necesitan una rehabilitación de forma urgente. La comisión diocesana de Patrimonio es el organismo que se encarga de recibir las peticiones de los párrocos, que han de presentar tres proyectos, que se estudian atendiendo a criterios «meramente técnicos». Arquitectos, el delegado de patrimonio, el vicario general, dos párrocos y la ecónoma diocesana son los encargados de analizar las propuestas y decantarse por la más idónea, después de visitar el lugar y comprobar las deficiencias. A partir de ahí, optan por un proyecto u otro. En el caso de los bienes muebles, se sacan a concurso con la publicación en la web de la archidiócesis de los retablos y esculturas que requieren intervención.
