Un «compliance officer» para garantizar el buen hacer de la Iglesia en Burgos

«Compliance Officer». Es una de las últimas figuras en aparecer en el organigrama diocesano a instancias del arzobispo, don Mario Iceta, y como respuesta a una tendencia que comienza a ser habitual no solo en el mundo empresarial, sino también en la Iglesia católica, en la propia Conferencia Episcopal y en diócesis como Córdoba –un de las pioneras– o Burgos. Vendría a ser como «un oficial de cumplimiento», una suerte de «superintendente» encargado de vigilar y supervisar el cumplimiento normativo dentro de las instituciones con personalidad jurídica, entre las que se encuentra la propia archidiócesis. 

Carlos Azcona (1982) ha sido designado recientemente como responsable de cumplimiento normativo por su amplia trayectoria en el mundo del Derecho. No en vano, es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Navarra (2011), de la que también fue profesor, y licenciado en Derecho Canónico por la misma universidad (2021), dimensiones muy ligadas al trabajo que está poniendo en marcha con ayuda de un bufete de abogados. «Es algo más que un mero cumplir las normas, se trata de generar una dimensión ética dentro de las organizaciones, haciendo incluso que el gobierno pase a ser más corporativo, determinando bien en qué personas recaen las responsabilidades últimas». 

De hecho, la figura del «compliance officer» es vital en una organización para determinar posibles imputaciones de cara a la comisión de cualquier tipo de delito. Desde la reforma de 2010, el Código Penal establece una «atenuación o incluso exención de la responsabilidad para aquellas personas jurídicas que hayan adoptado medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica». Es decir, su trabajo consiste ahora en «descubrir los posibles delitos que pudieran cometerse en el seno de la Iglesia y establecer medidas de prevención para evitarlas». 

De momento, su amplia y compleja tarea se centra en crear una «arquitectura» capaz de dilucidar los posibles riesgos penales que corre la Iglesia y establecer las medidas necesarias para prevenirlos. Para ello, está elaborando un «programa activo y proactivo» que no simplemente se convierta en un «escudo legal» frente a posibles imputaciones, sino en auténtico plan a seguir con todas las medidas a adoptar y lograr «una mayor transparencia» en todas las estructuras que componen la archidiócesis. «La Iglesia católica es una persona jurídica muy compleja y peculiar, tiene incluso su propio Código de Derecho, es casi inabarcable… pero no por ello podemos cruzarnos de brazos. Por fortuna, ya hay mucho camino recorrido gracias a la oficina de transparencia», indica, aunque «aún queda mucho por andar». Casos de abusos a menores, posibles delitos fiscales, un tratamiento erróneo en la protección de datos de carácter personal, irregularidades en la contratación de personal… son algunos riesgos en los que cualquier persona jurídica puede incurrir y de los que la Iglesia católica no está exenta. 

Ahora, se trata de confeccionar «un traje a medida» de la archidiócesis de Burgos, componiendo un plan que se enriquecerá en el transcurso de los años incorporando nuevos elementos para logar que la Iglesia en Burgos sea una organización ética desde el punto de vista penal, económico, tributario, laboral… Además, también se trabaja en elaborar un «canal de denuncias», donde en confidencialidad la gente pudiera poner en conocimiento de la oficina de Compliance posibles vulneraciones de sus derechos por parte de miembros de la Iglesia burgalesa, y se trabaja en la coordinación entre los distintos departamentos diocesanos que repercutan en el buen ser y quehacer de la propia institución.