El sacerdote no es un hombre orquesta, sino el que suscita, sostiene y forma cristianos responsables
Pastoral Penitenciaria y Cáritas diocesana de Burgos hacen un llamamiento a la sociedad y a la Iglesia a dar «una oportunidad» a las personas que están privadas de libertad y que «quedan excluidas del espacio social». Solicitan «generosidad» a una sociedad que muchas veces da la espalda y niega derechos fundamentales y obstaculiza la integración real de las personas que por distintas circunstancias pasan por la prisión. Asimismo, solicitan a instituciones penitenciarias una mayor implicación para que se creen «procesos efectivos» en la reinserción de estas personas y que se empleen medios, recursos, técnicos y personal para lograr que puedan «volver a la sociedad».
Quienes trabajan a pie de campo en el acompañamiento a los presos saben de qué hablan. El delegado de Pastoral Penitenciaria, Fermín González, asegura que el mayor problema que afronta en su trabajo es el de «reconstruir a las personas». De ahí que su misión sea principalmente de «escucha». Una atención que a veces puede llevar meses, pero donde se descubren las «expectativas bloqueadas» que padecen los internos de la prisión y se descubren «faltas de habilidades para asumir sus propias responsabilidades sociales». «Buscamos complicidad con ellos, que se sientan capaces de participar en la realidad social, donde nunca han tenido su espacio», subraya González. «Les ayudamos a creerse capaces de formar parte de la sociedad» pues, ha denunciado, «aislar en la prisión no soluciona los problemas».
Desde el programa «Volver a empezar» de Cáritas diocesana y la delegación de Pastoral Penitenciaria se generan procesos de acompañamiento a estas personas para lograr su mejor inserción social. Su trabajo combina componentes espirituales, asesoramiento jurídico y participación en talleres y otras actividades. Solo en el año pasado, acompañaron a 201 personas (más de la mitad de los internos en el Centro Penitenciario), en un proceso que se estructura en tres etapas. La primera –de iniciación– se desarrolla dentro de los cinco módulos de la prisión (179 personas). A esta le sigue el acompañamiento en el programa «Amanecer», con el que a las personas con permiso se les permite hacer vida en un piso de la parroquia de San Esteban con el respaldo de voluntarios y sacerdotes (15 personas), así como algunas salidas terapéuticas (47 personas), como la que realizan por el Camino de Santiago. En la última etapa del proceso, cuando ya adquieren la libertad (26 personas), también se les acompaña posibilitándoles alojo en el Hogar San Francisco.
David Alonso, técnico responsable del proyecto «Volver a empezar», ha subrayado algunas de las dificultades que afrontan las personas privadas de libertad, entre las que destaca el estigma social, problemas de salud mental, o la falta de trabajo motivacional desde instituciones penitenciarias. Asimismo, asegura que estamos ante un «problema estructural» que deja fuera de la sociedad a estas personas y que serían necesarios nuevos cauces de justicia restaurativa entre víctimas y agresores.
Para lograr una mejor concienciación en la sociedad, Sara Castro, educadora social, ha presentado su proyecto «Bajo un techo de estrellas», una serie de programas de podcast puestos en marcha a través de UBURadio para «ser altavoz de los problemas de estas personas y que la sociedad los escuche». A través de nueve programas cerca de 20 participantes del programa de Personas Sin Hogar (en el que se incluye el proyecto «Volver a Empezar») dialogan con distintas personalidades del ámbito civil para trasladarles sus problemas.
Ante la situación creada con motivo de la aparición y extensión del coronavirus Covid-19, la Diócesis de Burgos se hace cercana a cada persona y comparte la preocupación común frente a la emergencia sanitaria que está afectando a nuestro país. Hacemos nuestras las medidas preventivas y las diferentes recomendaciones realizadas con fecha 11 de marzo por parte de la Junta de Castilla y León. Siguiendo éstas, se pide a los responsables de las parroquias y entidades religiosas que extremen las medidas higiénicas y sanitarias para evitar, en la medida de lo posible, la extensión de la enfermedad.
Muy unidos a lo que las autoridades sanitarias vayan estipulando en el día a día y al igual que están haciendo la mayoría de las diócesis españolas, la Diócesis de Burgos recomienda cuanto sigue para, en la medida de lo posible, evitar situaciones que puedan dar lugar a la propagación de la enfermedad. Medidas que, por otra parte, ya se estaban realizando en muchas de las parroquias:
La Diócesis muestra, igualmente, su disponibilidad para llevar a efecto lo que dispongan las autoridades sanitarias competentes en lo referente a la organización y celebración de eventos y encuentros.
Finalmente, la Diócesis anima a todos los fieles a la oración por la salud pública y por la recuperación de los afectados. Se puede aprovechar en este sentido la oración de los fieles en la Eucaristía y en el rezo de Laudes y de Vísperas.
Con respecto a las medidas extraordinarias tomadas por la Junta de Castilla y León en el territorio correspondiente al Arciprestazgo de Miranda de Ebro, en las que se suspende la concentración de personas en los actos litúrgicos hasta el día 26 de marzo, la Diócesis de Burgos indica lo siguiente:
Burgos, 11 de marzo de 2020
El último Círculo de Silencio convocado por la delegación de pastoral de migraciones se denunció la vulneración de Derechos Humanos que está sucediendo entre Grecia y Turquía, con el lema «Basta ya de violar los derechos en las fronteras». En el manifiesto que se leyó ante los presentes en el Paseo de Sierra de Atapuerca, se recordó que desde el año 2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes y CEDIS vienen sumando esfuerzos para liderar una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. Esta iniciativa ha recibido el nombre de «Enlázate por la Justicia».
La lectura reflejó que desde la organización del acto se ve con enorme preocupación la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 13 de febrero de 2020, que ha desestimado la demanda de dos personas contra España. «Esta sentencia supone un brutal retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes, así como una ostensible disminución de la protección que este mismo Tribunal tenía reconocida a estas personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta sentencia manifestamos, en primer lugar, que deslegitima el concepto operativo de frontera que maneja el Ministerio del Interior: reconoce que los demandantes habían entrado en territorio español, por lo que se les debía aplicar el ordenamiento jurídico de nuestro país y el de la Unión Europea, también en lo que respecta a sus derechos humanos. Así, las autoridades españolas no pueden pretender que quienes han saltado la valla sin pasar la línea de contención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hayan entrado en España»
El manifiesto continuó apuntando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que todo procedimiento de expulsión, devolución, inadmisión de entrada o rechazo en frontera tiene que respetar unas garantías mínimas: identificar a la persona, conocer sus circunstancias personales y darle la posibilidad de solicitar protección, poniendo a su disposición servicios de defensa letrada y de interpretación. Cuando se devuelve, rechaza, expulsa… a varias personas en grupo, se produce una expulsión colectiva, contraria al ordenamiento europeo de Derechos Humanos. «Apoyamos el comunicado de la Unión Progresista de Fiscales en el que consideran que la sentencia parte de una premisa errónea, ya que muchos inmigrantes de hecho no pueden acceder a vías legales (oficinas de asilo en la frontera, representaciones diplomáticas y consulares en sus países de origen) por su inexistencia o inoperancia y masificación».
La concentración concluyó con las últimas palabras del manifiesto, declarando que la mirada va más allá de las fronteras españolas y se dirige a la frontera de la Unión Europea con Turquía: «No puede ser que las políticas de algunos países utilicen a los refugiados como moneda de cambio. No puede ser que Grecia suspenda durante un mes la ley de asilo, y la Unión Europea apoye esta decisión. No puede ser que la policía utilice una fuerza desmedida contra quienes se acercan desarmados. No puede ser que haya muertos y heridos en la frontera de la Unión Europea entre personas que huyen de una guerra buscando salvar su vida. No puede ser que nos olvidemos de que, en las fronteras, también y siempre hay que respetar los derechos humanos. Por ello, todas las personas y organizaciones aquí presentes exigimos un cambio radical en las políticas españolas y europeas de modo que acabe la represión que provoca muerte y desesperación, y se facilite ejercer de modo efectivo el derecho de asilo».