Foto: Vida Nueva
El mundo educativo despidió 2020 con la controversia que ha provocado la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), conocida como «Ley Celaá» y que entrará en vigor el 19 de enero. Es la octava ley educativa de la Democracia y si bien cuenta con medidas positivas (apostar por escuelas sostenibles para reducir el impacto ecológico, planes ante futuras emergencias, más competencias para el Consejo Escolar, mayor gasto para la formación de docentes, ampliación de plazas de Educación Infantil de cero a tres años, etc.), otras disposiciones han provocado alarma y preocupación en parte de la comunidad educativa, especialmente en aquello que concierne a la libertad de los padres a la hora de elegir el centro que creen más adecuado para sus hijos. La normativa promueve cambios en la manera en que se distribuye el alumnado en centros públicos y concertados, siendo el criterio principal para adjudicar una plaza la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar, además de que se suprime el concepto de «demanda social» a la hora de programar las plazas educativas. Además, varias asignaturas quedan «tocadas» ante la nueva ley, especialmente la materia de Religión católica. En este caso, será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, quedando en manos de las comunidades.
Protestas y descontento
Ante esta situación, plataformas en defensa de la escuela concertada como Más Plurales –que pone voz a los alumnos, familias, centros educativos, trabajadores y docentes de los mismos en todo el territorio español–, mostraron su desacuerdo con esta ley convocando varias manifestaciones en distintas ciudades, la última de ellas en coche. Tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, y en ella los convocantes expresaron de manera contundente que «es una locura que en estos tiempos el gobierno se dedique a promover, potenciar y aprobar una ley que no garantiza los derechos fundamentales de la libertad, de la libre elección de centro educativo y que pone en riesgo el derecho fundamental a que nuestros alumnos se eduquen en un sistema plural, en el que todos tengamos cabida». También tuvieron palabras para el trato que da la nueva ley a la asignatura de Religión, denunciando que, a través del control político de la educación, «asistimos a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada».
Vaivenes
Pero, ¿cómo es la situación de la asignatura de Religión en la actualidad? Aunque no se puede negar un descenso de año en año de los alumnos que la cursan en España, lo cierto es que está protegida por la Constitución y los acuerdos entre la Iglesia y el Estado que tuvieron lugar en 1979 bajo en gobierno de Adolfo Suárez. Entonces se estableció que la enseñanza de la Religión católica sería voluntaria en cuanto asistencia, pero sí obligatoria en cuanto a oferta en los centros educativos, siendo además una asignatura que se evaluaba en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Además, se ofreció entonces como alternativa la asignatura de Ética para quienes no optasen por Religión. Desde entonces, la situación ha sufrido variaciones y la clase de Religión ha estado siempre como objetivo a debatir por parte de los Gobiernos que se han sucedido.
En la actualidad, el Gobierno ha logrado materializar algo que ya se intentó en otras ocasiones, que es eliminar la alternativa a la Religión (que en la última reforma educativa se trataba de la asignatura Valores Sociales y Cívicos para Educación Primaria y Valores Éticos en Secundaria) y quitar el valor computable a la asignatura. Esto implica que dejará de contar para elaborar la nota media de los alumnos, tampoco será tenida en cuenta a la hora de solicitar u otorgar becas, y además, los alumnos que no escojan estudiar esta materia en los colegios e institutos no tendrán que cursar otra para compensar las horas escolares.
A pesar del «misilazo» propinado por la nueva ley y a la espera de cómo se implantará en las distintas comunidades autónomas, hay que destacar también datos como el incremento en un 36% del número de docentes de la asignatura de Religión católica en España en los últimos cuatro cursos, y otro dato que aporta optimismo ante la formación de los alumnos que cursan Religión: «Más del 80% de los estudiantes apuntados a esta materia afirma que les ayuda a ser más tolerantes y mejores personas», según el informe 2020 Panorama de la Religión en la Escuela. El informe incluye que la mitad de los alumnos de los centros públicos encuestados (49%) asegura que en su clase hay alumnos de otras religiones, contribuyendo así a «la formación ética y la ciudadanía global», como sostiene la mayoría de los profesores de Religión (84%). El alumnado de Religión encuestado está implicado socialmente, ya que el 85% se muestra muy preocupado por la justicia y la solidaridad, mientras que el 75% tiene interés por la ecología y la protección de la naturaleza. Y es que tal vez la asignatura de Religión es más útil de lo que muchos piensan.
La asignatura en la provincia
En la provincia de Burgos, los datos sobre la asignatura de Religión católica recogidos por la delegación diocesana de Enseñanza muestran que en los 102 centro públicos que hay, un 45% de los alumnos que cursan Educación Infantil están inscritos en la asignatura de Religión, cifra que se eleva hasta el 53% en la educación Primaria (edades en las que se preparan para la Primera Comunión). En Educación Secundaria, los alumnos inscritos suben hasta el 57%, mientras que en Bachillerato solo un 30% decide cursar la materia. Todo ello arroja un total del 52% de alumnos de los centros públicos apuntados a Religión. En cuanto a los profesores de Religión con los que cuentan estos centros, son 46 los que imparten esta asignatura en la franja de Educación Infantil y Primaria, y 23 en Secundaria y Bachillerato.
Por su parte, en los 30 centros concertados existentes en la diócesis prácticamente todos los alumnos de Educación Infantil (el 99%) están inscritos a Religión. La cifra va descendiendo a medida que los cursos avanzan: el 97% en educación Primaria, el 96% en Secundaria y el 87% en Bachillerato. Aún así, siguen siendo cifras muy altas, con un total del 96% del alumnado apuntado a la asignatura. En el apartado de los centros concertados, la delegación de Enseñanza no ofrece el número de profesores que imparte religión, pues lo habitual es que lo hagan entre varios docentes, en muchos casos, los mismos tutores.
Preguntada sobre el trato que da a la asignatura de Religión católica esta nueva ley, Manuela García, delegada de Enseñanza en la diócesis, apunta que «la persona humana necesita los valores religiosos para dar respuesta a los interrogantes sobre el sentido de la vida, bien lo estamos viendo en el ambiente que nos toca vivir con la pandemia. Privar a una persona de la formación religiosa es negarle un bien, más teniendo en cuenta que se elige libremente». Añade también que «los alumnos necesitan cubrir sus necesidades aunque ellos no son conscientes de ello, por eso el derecho a elegir la educación para los hijos es de los padres».
